Estas personas necesitan de ayuda para poder obtener una mínima formación que contribuya a aumentar sus oportunidades de acceso al empleo. Es un colectivo es muy heterogéneo y, precisamente debido a la crisis, en claro crecimiento: jóvenes que no han completado la enseñanza obligatoria reglada, inmigrantes de todas las edades que necesitan manejarse con el idioma para obtener unos mínimos conocimientos profesionales -o simplemente para sacarse el carnet de conducir-, personas de edad más avanzada que no pudieron estudiar en su día o que no tienen la cualificación profesional necesaria. 

10.600 de estas personas reciben formación y atención de la mano de estas entidades de iniciativa social mencionadas que, con más de 700 educadores, llegan hasta donde la Administración no puede o llegar y ofrecen, además, servicios complementarios de clara intervención social, como guarderías, talleres o intercambios de experiencias.

En los últimos años, estas entidades han dado la batalla para conseguir de la Administración algo más que un régimen de ayudas. Han reclamado, sin éxito, un modelo de gestión más estable para poder planificar sus actuaciones sin la espada de Damocles de las subvenciones anuales, siempre sujetas a la “disponibilidad presupuestaria”.  En estos últimos años, esa menor “disponibilidad” ha supuesto una bajada del 8% en 2010 y ha continuado con un 15% en este ejercicio del 2011.

Chunta Aragonesista ha defendido recientemente en las Cortes la fórmula jurídica del concierto para estas entidades. La consejera Dolores Serrat se ha opuesto a esta posibilidad, volviendo a defender fundamentalmente la receta de la subvención. La consejera, sin embargo, sí está por la labor de nuevas concertaciones en el bachillerato con la escuela privada, algo en lo que, por cierto, estamos completamente en desacuerdo, por las consecuencias nefastas que tendría para la educación pública.

Pero la pregunta ahora es: ¿por qué puede haber conciertos para la escuela privada y no para dar solución a la gestión de la educación permanente? El dinero, o la inversión, en la educación permanente no son el problema (los recortes en los dos últimos años han ascendido a 86.250 euros, una cifra claramente asumible, a nuestro juicio). Lo que realmente pasa es que, con la fórmula de la subvención y la excusa de la escasez de recursos, el Gobierno consigue una dependencia mayor de estas entidades, y, por lo tanto, mayor lealtad a su discrecionalidad al no permitir la estabilidad en su gestión.

También algunos convenios existentes con varias de estas entidades han desaparecido, lo que aumenta la incertidumbre. Y la situación en las comarcas y ayuntamientos, que también ofertan una parte sustancial de la educación permanente, no es mucho mejor. Ha habido dificultades para el inicio del curso, pues han tenido que contratar profesorado sin saber exactamente con el presupuesto que contaban. Y es que, para el curso que comenzaba en septiembre, se aprobaron las cantidades destinadas a estos convenios con estas administraciones locales en el último Consejo de Gobierno del mes de noviembre. 

La educación es sustancial en una sociedad, como la actual, llena de dificultades económicas y con un modelo productivo periclitado. Y en este momento la educación permanente y de personas adultas cobra una relevancia predominante. A pesar de que no es una educación obligatoria, es un deber de la administración su asunción, casi por motivos de conciencia social, ya que posiblemente es la última oportunidad de integración social y laboral para muchos aragoneses y aragonesas.

(Artículo publicado el 3 de diciembre de 2011 en El Periódico de Aragón)

Para acabar de una vez con el sufrimiento de muchas familias por la pérdida de sus miembros en accidentes de tráfico en estas vías, para acabar con un problema humano que lleva enquistado más de diez años, creemos que se hace necesario cumplir con las promesas tantas veces demoradas, precisamente en este momento que cambia el Gobierno del Estado. Mientras se acaban las obras, desde CHA pedimos que se negocie la liberalización de los peajes para los vehículos pesados de forma temporal en los tramos paralelos a las autopistas AP-2 y AP-68, que acabe con el goteo de vidas que se está convirtiendo casi en una hemorragia.

Los números son demoledores: en la N-232 transitan diariamente 16.000 vehículos, de ellos más de 6.000 camiones, 253 a la hora y 4 al minuto; en la N-II, son 10.000 vehículos los que atraviesan esta vía diariamente, unos 6.639 camiones al día (70% del tránsito), 276 a la hora, 4,6 al minuto. Respecto a las víctimas, las cifras son alarmante: en la última década han muerto 100 personas en la N-232, en 2010 fallecieron 12 personas y en lo que va de año 5. Por su parte, en la N-II murieron 7 personas en 2010  y que han perdido la vida 10 en 2011. Entre 2004 y 2006 fue el escenario donde se produjeron más mayor número de colisiones frontales de todos el Estado.

La respuesta política ha sido inexistente. Cuando no había crisis se ejecutó en 2009 el 17% de las partidas destinadas al desdoble de la N-232; ahora con la crisis, en el mes de febrero, el Secretario de Estado, Víctor Morlán, decía que no había dinero para desdoblar la N-232, y en los presupuestos de 2011 hay 80 euros para el tramo Figueruelas-Mallén. Por lo tanto, desde las lejanas promesas de Aznar, en el 2000, no se ha avanzado nada. No pueden ser las soluciones a este problema las líneas continuas, el límite a 80 Km. de velocidad, o la liberación del peaje para vehículos ligeros que hacen el viaje en las 24 horas.

Chunta Aragonesista ya comenzó las campañas de recogida de firmas en el lejano 2003, donde se recogieron 12.000, más tarde, serían las iniciativas de nuestro diputado en Madrid, José Antonio Labordeta, las que propiciaron que en 2005 hubiese partidas presupuestarias para los desdoblamientos. Hemos seguido en esa línea reivindicativa en todas las instituciones, y en la actualidad se ha iniciado una campaña para reforzar esta solicitud que consiste en un video donde se explican, de forma concreta y gráfica, los accidentes, las víctimas, y las experiencias personales de los afectados.

En este momento respecto a la N-232, está la redacción muy ultimada, sobre todo el tramo Mallén-Figueruelas, está en fase de redacción las variantes del Burgo y Fuentes. En relación con la N-II, la tramitación va más retrasada, seis años, estamos en la fase de superar la declaración de impacto medioambiental, es cierto que este tramo tiene más dificultades, puesto que de Pina a Alfajarín, se han presentado muchas alegaciones, ya que son tierras de regadío, por lo que el tramo de Pina a Zaragoza debería rescatarse y ser liberado.

En los programas electorales de los grandes partidos no aparece ninguna de estas reivindicaciones, aunque cuando vienen a Aragón en la campaña electoral asumen compromisos que luego nunca cumplen. Quizá sea el momento de cumplir las promesas para acabar con el problema humanitario y con los efectos económicos que deriva hacia estas comarcas, ya que las dificultades en las comunicaciones hace que las industrias no se instalen en Monegros, Ribera Alta o Bajo Cinca y se vayan a Navarra, La Rioja o Cataluña.

Es la ocasión para que el Gobierno de Aragón actúe junto al Gobierno de España y solucione el problema: primero renegociando las concesiones que existen para la AP-2 hasta el 2022 y para la AP-68 hasta el 2026, concedido por Aznar, y después ejecutando los desdoblamientos. Sabemos que es una obra difícil y larga, pero debe haber voluntad política para llevarla hacia delante y no caer en la desidia e indolencia que se ha producido en estos últimos años con el PSOE.